El 2020 deja un grave panorama de amenazas y asesinatos de líderes sociales en Córdoba

Desde el 2016 hasta marzo de 2020 más de 30 líderes sociales y comunitarios han sido asesinados en este departamento.


Montería. Un informe adelantado por la estrategia la paz en terreno Alianza entre Colombia 2020 rutas del conflicto con apoyo de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, da cuenta que desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, los liderazgos sociales en el sur de Córdoba han sido blanco de constantes amenazas y ataques.

Documentan aproximadamente 111 agresiones, entre asesinatos y amenazas contra hombres y mujeres que apoyan la sustitución de los cultivos de uso ilícito y la implementación del acuerdo y los procesos de organización social en este territorio.

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Para el caso del sur de Córdoba se reportan desde el 2016 y hasta marzo de 2020 un total de 76 amenazas contra líderes sociales, 33 asesinatos y dos atentados, de acuerdo con el cruce de base de datos de Defensoría del Pueblo y organizaciones como Somos Defensores, Indepaz, MOE y Pares.

La violencia contra los liderazgos sociales en el sur de Córdoba se concentra en cinco municipios: Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Montelíbano.

Los actores armados que ejercen presión violenta contra los líderes sociales en el sur de Córdoba están identificados son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o clan del Golfo, el nuevo frente 18 Román Ruiz, conformado por disidentes de las FARC y el llamado bloque Virgilio Peralta Arena de los Caparros.

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La Defensoría del Pueblo en el sistema de alertas tempranas (SAT) ha advertido en siete oportunidades los riesgos que se ciernen sobre la población civil y los liderazgos del sur de Córdoba por este fenómeno criminal.

Durante el confinamiento que vivió el país por la COVID-19, la situación de inseguridad se incrementó, “muchos líderes quedaron confinados en sus casas, sin esquemas de protección, sin escoltas y las garantías disminuyeron porque la fuerza se concentran la emergencia pública”, indicó el presidente del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos seccional Córdoba Iván Ojeda.



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