Montería. Uno de los puntos del pliego de peticiones presentados por las comunidades indígenas y campesinos del Alto Sinú a la empresa Urrá y el Gobierno Nacional, es el compromiso no ejecutado de construir una vía de seis kilómetros que conecte al corregimiento de Crucito con Tierralta.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha negado dos oportunidades la licencia ambiental para construir ese corredor vial, argumentando que los terrenos están amparados bajo la Ley Segunda en zonas de reserva forestal y colindantes con el Nudo del Paramillo.
Las poblaciones indígenas, rechazan que la ANLA argumente razones de carácter ambiental para negar la construcción de la vía, pero hace 20 años la misma entidad dio luz verde a la construcción de la central hidroeléctrica Urrá I y la consecuente inundación de más de 8 mil hectáreas de bosque.
Ante esta disyuntiva y la complejidad del asunto, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora gestionó una reunión pactada para el próximo 19 de enero, donde con funcionarios del alto gobierno se espera buscar una salida concertada.
En esa mesa estarán presentes el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, el INVÍAS, el Ministerio de Minas y Energía, además de las comunidades.
La empresa Urrá reconoce que la vía hace parte de los compromisos de la compañía, pero legalmente se les sale de las manos al tratarse de un trámite donde la ANLA tiene la última palabra.
Las comunidades han recordado el propio presidente Iván Duque en una visita realizada a Tierralta y a Crucito en los días posteriores a la tragedia que sacudió al corregimiento por la muerte de cinco niños en un incendio, reprochó las dificultades para acceder a la comunidad por vía terrestre y pidió a la ministra de Transporte abordar el tema.
Según el Gobierno departamental hoy la vía a Crucito es una de las peticiones que la comunidad indígenas y campesinas se niegan a declinar.