Montería. La Contraloría General de la República confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por un monto de $3.858 millones, debido a irregularidades encontradas durante la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 048 del 9 de diciembre de 2010.
Este convenio tenía como objetivo la construcción de la Primera Etapa del Relleno Sanitario en la Vereda Pijiguayal, Corregimiento de Canta Gallo, en el Municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba.
El valor del convenio celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles Sinú – San Jorge y el Municipio de Ciénaga de Oro fue de $4.995 millones.
La actuación administrativa comenzó con un hallazgo fiscal, el cual surgió tras una auditoría realizada por la Gerencia Departamental de la CGR en Córdoba.
Durante la etapa de planeación del proyecto, se encontró que no se tuvo en cuenta la afectación de la comunidad residente en la zona, la existencia de un Cabildo Indígena, las distancias próximas de retiro de las viviendas colindantes, la dependencia del recurso hídrico obtenido a través de escorrentías subsuperficiales y superficiales, entre otros factores.
Estos errores generaron que las comunidades promovieran acciones judiciales, se suspendiera el desarrollo del convenio y fuera imposible la cristalización de los fines de la inversión.
En el proceso de responsabilidad fiscal se declaró como presuntos responsables fiscales a Plinio Humberto D’Paola Cuello, en calidad de alcalde de Ciénaga de Oro en la época de los hechos; Juan Carlos Vargas Díaz, en calidad de representante legal de la Empresa Coraseo S.A. E.S.P.; Wilfredo Vásquez Ponce, en calidad de representante legal del Consorcio Cantagallo; Damaris Peña Ordosgoiti, en calidad de representante legal de V&P Proyectos y Construcciones SAS; y Gustavo Adolfo Restrepo Martínez, en calidad de representante legal de la Interventoría Ambiental.
