Desde Córdoba exigen redistribuir equitativamente los peajes de la Concesión Ruta Al Mar

Seis de los ocho peajes de esta concesión que atraviesa cuatro departamentos fueron instalados en territorio cordobés.


El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, cuestionó la distribución inequitativa de los peajes en la concesión vial Ruta al Mar, que une los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. Según el mandatario departamental, de los ocho peajes aprobados inicialmente, seis terminaron ubicados en territorio cordobés.

Durante una entrevista, Zuleta Bechara explicó que la concesión Ruta al Mar, que incluye la variante de Lorica, fue aprobada con un sistema de ocho peajes para su financiación. «Su financiación se soportaba sobre ocho peajes. De los ocho peajes, si tú divides ocho entre cuatro departamentos, ¿Cuántos peajes le tocaría a cada departamento? Dos, pero a nosotros nos ‘clavaron’ seis», cuestionó el gobernador.

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Zuleta Bechara manifestó su inconformidad con esta situación, señalando que parece ser un retorno a la época colonial, donde los habitantes de municipios como Ayapel, Puerto Libertador, Montería y Montelíbano deben enfrentar múltiples peajes para desplazarse dentro del departamento e incluso hacia otras regiones.

El gobernador cuestionó esta situación, considerándola injusta e inaceptable para los cordobeses. «Es increíble y la última reunión con la concesión, estaban viendo que el peaje que le quitaron de Coveñas y Tolú, el de la Caimanera, querían ponerlo en Porvenir en San Antero, y les dejé claro, no me ponen un peaje más», denunció.

El mandatario departamental exigió una distribución equitativa de los peajes entre los cuatro departamentos involucrados en la concesión Ruta al Mar. Además, anunció que buscará soluciones alternativas, como la sustitución de inversiones, para garantizar la conectividad vial en Córdoba sin afectar aún más a los habitantes con nuevos peajes.

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Zuleta Bechara reiteró su compromiso con defender los intereses de los cordobeses y lograr una distribución justa de las cargas económicas asociadas a los proyectos viales, evitando que su departamento asuma una carga desproporcionada en beneficio de otros territorios.