La estructura tributaria de los departamentos en Colombia conserva gravámenes coloniales como el impuesto al degüello y mantiene un sistema complejo que limita la capacidad de los departamentos para ejecutar proyectos de gran capital, según un análisis publicado por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien este año asume la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos.
El recaudo tributario territorial, que fluctúa según el comportamiento del PIB nacional, enfrenta obstáculos adicionales por su marco normativo anticuado frente a las estructuras de mercado actuales.
Mientras la DIAN recibe financiación del Presupuesto General de la Nación, las entidades territoriales deben costear con recursos propios todo su aparato de gestión tributaria, incluyendo la liquidación, recaudo y cobro de impuestos.
Esta situación afecta la autonomía fiscal de los territorios, especialmente considerando que del total de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo (COP 1.154 billones), las entidades territoriales solo pueden aportar COP 146 billones, equivalentes al 12,6% del total.
El bajo crecimiento económico de los últimos años ha impactado directamente en la capacidad de recaudo. Con un PIB que creció 0,6% en 2023 y una proyección de 1,8% para 2024, las cifras están por debajo del promedio histórico de 3,9% registrado entre 2006 y 2022.
La gestión de impuestos específicos, como el de licores, requiere además acciones policivas permanentes que deben ser financiadas por los propios territorios, aumentando la carga operativa y financiera de las entidades departamentales.
Este panorama fiscal contrasta con el papel fundamental de los territorios en el desarrollo económico nacional, donde se concentran actividades clave como agricultura, ganadería, minería, extracción de hidrocarburos, turismo y comercio internacional.