Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo inminente para 15 comunidades rurales de Córdoba

Montería. La Defensoría del Pueblo Regional Córdoba, advirtió a las autoridades departamentales sobre el incremento de las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de aproximadamente 15 poblaciones rurales entre corregimientos y veredas del Alto San Jorge. El informe de riesgo inminente emitido el pasado mes de Noviembre, da cuenta de un aumento en las extorsiones a los pobladores de los corregimientos de, San Francisco del Rayo, El Palmar, Pueblo Nuevo y Tierradentro, en este último las Farc en...


Montería. La Defensoría del Pueblo Regional Córdoba, advirtió a las autoridades departamentales sobre el incremento de las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de aproximadamente 15 poblaciones rurales entre corregimientos y veredas del Alto San Jorge.

El informe de riesgo inminente emitido el pasado mes de Noviembre, da cuenta de un aumento en las extorsiones a los pobladores de los corregimientos de, San Francisco del Rayo, El Palmar, Pueblo Nuevo y Tierradentro, en este último las Farc en asocio con el Clan Úsuga, asesinaron a 7 policías en una emboscada perpetrada en septiembre pasado.

De acuerdo con el informe, el defensor Víctor Castilla sostuvo que las confrontaciones armadas, amenazas e intimidaciones y restricción a la movilidad de personas y alimentos, sumado a la extorsiones, son las principales violaciones que cometen los grupos armados ilegales en esta zona de Córdoba.

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“La situación en la zona rural de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, que en estos momentos están en riesgo inminente por el accionar tanto de la guerrilla como de las llamadas bandas criminales”, expresó el Defensor Víctor Castilla.

De igual forma exhortó a las autoridades administrativas y militares, para que intervengan y eviten posibles alteraciones del orden público en la zona.

“El llamado es la autoridades para que actúen, hemos tenido denuncias de extorsiones masivas, donde incluso, los grupos armados reúnen a los ciudadanos y les exigen el pago de las extorsiones”, indicó Castilla.

Previamente, en Mayo del año pasado, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, emitió un informe de riesgo para esas mismas localidades, el cual advertía acerca de alianzas entre los grupos ilegales, cuyo accionar se refleja en graves vulneraciones a los derechos humanos a través de actividades como amenazas, homicidios, desapariciones y reclutamiento forzado, hostigamientos, extorsiones y accidentes por minas antipersonal, entre otros factores de incidencia.

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