Defensoría advierte que en Córdoba se mantiene riesgo por accionar violento en segunda vuelta

La Defensoría tiene desplegada toda su capacidad institucional, a través de sus 42 regionales, para brindar el acompañamiento necesario a las comunidades y lograr la garantía de sus derechos durante los comicios.


Córdoba. La Defensoría del Pueblo indicó este miércoles 15 de junio que el riesgo para las elecciones presidenciales por la incidencia de grupos armados ilegales se mantiene en el departamento de Córdoba, donde hay siete municipios en riesgo alto.

En total son 290 localidades en todo el territorio nacional que podrían verse afectadas con acciones violentas por parte de grupos al margen de la ley, de los cuales 84 tienen indicios con probabilidad de que ocurran hechos que atenten contra la vida, la integridad y la seguridad de sus habitantes durante la jornada electoral del 19 de junio.

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Así quedó establecido en el último Informe de Seguimiento que realizó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría a su Alerta Temprana 004 de 2022.

“Para estas elecciones y con los escenarios de riesgo advertidos, desde la Defensoría del Pueblo hemos solicitado que se implementen acciones extraordinarias para la protección de las poblaciones. También pedimos que se generen las condiciones de seguridad para la participación ciudadana en los comicios electorales”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís.

Dicha alerta temprana identificó a los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta, Montería, Sahagún y Montelíbano en riesgo alto, mientras que en riesgo medio están Ayapel, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo. En riesgo bajo se encuentran las localidades de Purísima, Chinú, San Pelayo y Cereté.

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En el informe de la Defensoría del Pueblo también se recomienda activar mecanismos de investigación y verificación por denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos y campañas electorales, y garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al sufragio de manera libre en zonas rurales. Además, vigilar y monitorear el normal desarrollo de las elecciones para que se garantice la libre participación.



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