Córdoba se podría quedar sin el blindaje de la Ley 550 por sentencia judicial: MinHacienda

Así lo confirmó el subdirector de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, Néstor Urrea. Gobernación tiene hasta el 29 de octubre para tratar de salvar el acuerdo.


Montería. Pese a que el departamento de Córdoba ha tenido un comportamiento positivo en el pago de las acreencias de la ley 550, estaría ad portas de quedarse sin el amparo de esta medida de saneamiento fiscal, por una sentencia de la SuperSociedades que lo obliga a pagar una onerosa cifra de acreencias del sector salud.

Así lo confirmó el subdirector de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, Néstor Urrea, al revelar que, si el próximo 29 de octubre el gobierno departamental no cancela los dineros objetos del cobro y amparados en la sentencia de la SuperSociedades a la IPS Funtierra, el acuerdo de reestructuración de pasivos se caería.

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Esta situación sería compleja para el departamento de Córdoba, ya que quedarían expuestas las cuentas departamentales a los embargos de los diferentes acreedores a quienes se les adeudan recursos, específicamente del sector salud y del Fomag.

Subdirector de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, Néstor Urrea.

Aunque hace dos años la Corte Constitucional había negado las pretensiones de la IPS Funtierra al pago de los millonarios recursos que hoy estarían por el orden de los 21 mil millones de pesos, la solicitud fue escalada hasta la SuperSociedades, que es el juez natural de los acuerdos de reestructuración de pasivos, y al parecer hubo vacíos en la defensa del departamento.

De acuerdo con el subdirector de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, para salvar el acuerdo de restructuración de pasivos, el gobierno departamental debe llegar a un convenio con el prestador que lo demandó (IPS Funtierra) antes del próximo 29 de octubre, fecha en la cual se celebra la asamblea de acreedores.

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Si cumplida la fecha, no hay cuerdo de pago y el departamento no acata la sentencia de la SuperSociedades, entraría en desacato a orden judicial, obligando al Min Hacienda a levantar el blindaje de la Ley 550 a las cuentas departamentales.   

Como se recordará las deudas acumuladas por la Gobernación de Córdoba con la IPS Funtierra, datan desde el 2014, 2015 y 2016. El gobierno departamental argumentaba no tener claridad sobre el estado real de las deudas que debían ser auditadas.

Al interrogar al delegado del Ministerio de Hacienda sobre el impacto que podría tener la caída de la Ley 550 en el departamento de Córdoba, señaló que es incierto, aunque gran parte de las acreencias departamentales ya han sido saldadas hasta en un 80%.

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