La Gobernación de Córdoba anunció que estructurará proyectos para ser financiados a través del mecanismo de obras por impuestos, el cual permite a las empresas minero-energéticas invertir hasta el 50% de su renta en iniciativas de desarrollo en los municipios donde operan. Esta estrategia busca movilizar recursos adicionales para financiar proyectos prioritarios en el departamento.
Durante la presentación del Plan Plurianual de Inversiones 2024-2027, el gobernador Erasmo Zuleta explicó que se ha consolidado un equipo especializado, bajo la dirección de las secretarías de Planeación e Infraestructura. Este equipo se encargará de estructurar proyectos estratégicos para ser presentados en la convocatoria de obras por impuestos del año 2025.
El mecanismo de obras por impuestos, reglamentado por la Ley 1819 de 2016 y modificado por la Ley 2010 de 2019, permite a las empresas contribuyentes del impuesto sobre la renta financiar directamente proyectos de inversión pública en las zonas más afectadas por el conflicto armado, la pobreza y la debilidad institucional. Estas inversiones se descuentan posteriormente del impuesto sobre la renta a cargo de las empresas.
En Córdoba, este mecanismo representa una oportunidad para canalizar recursos de empresas minero-energéticas como Cerro Matoso, Gecelca, Urrá, Carbones del Caribe, entre otras, hacia proyectos de alto impacto social y económico. Según el gobernador Zuleta, la meta es presentar iniciativas en sectores como infraestructura vial, servicios públicos, educación, salud y desarrollo rural.
La estructuración de estos proyectos estará a cargo de un equipo conformado por profesionales especializados en formulación, evaluación y gestión de proyectos. Este equipo trabajará en coordinación con las diferentes dependencias de la gobernación y con las empresas interesadas en participar en el mecanismo.
Para la selección de los proyectos, se tendrán en cuenta criterios como la alineación con los ejes del Plan de Desarrollo Departamental, la priorización de las necesidades de las comunidades, la viabilidad técnica y financiera, y la capacidad de generar impactos positivos en el corto y mediano plazo.