La Defensoría del Pueblo Regional de Córdoba reveló que en los últimos cuatro años ha recibido alrededor de 400 solicitudes de líderes y lideresas sociales que requieren la activación de rutas de protección debido a los riesgos que enfrentan en el ejercicio de su labor.
Así lo dio a conocer el Defensor Regional, Ricardo Madera Simanca, durante la presentación de un informe sobre los riesgos de vulneración de derechos humanos que deben ser considerados en los planes de desarrollo de los 23 municipios bajo su jurisdicción.
Según el funcionario, este elevado número de peticiones evidencia la delicada situación de seguridad que afrontan quienes defienden los derechos de las comunidades en el departamento, históricamente afectado por la violencia y donde actualmente hay dos alertas tempranas vigentes por la presencia de grupos armados y economías ilícitas.
“Son cerca de 400 los apoyos que hemos hecho o las solicitudes que hemos recibido por parte de esos líderes que requieren algún tipo de activación de rutas de protección o elaboración para mitigar ese riesgo”, precisó.
Durante su intervención, Madera también hizo un llamado a los alcaldes y a la Gobernación para que en sus planes de desarrollo contemplen estrategias y políticas públicas orientadas a prevenir vulneraciones a los derechos humanos y a brindar garantías para el libre ejercicio de la labor de liderazgo social.
Asimismo, instó a fortalecer la articulación interinstitucional para dar respuestas oportunas y eficaces a las amenazas y riesgos que se ciernen sobre los líderes y lideresas.
