La Contraloría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal por $3.461 millones contra el primer contratista que tenía a su cargo la construcción del puente de Valencia y al comprobarse un detrimento patrimonial en la ejecución de este contrato en 2009.
Para la Contraloría fue más que evidente el incumplimiento del contrato que tenía como objetivo erigir la estructura el río Sinú que conectaría al municipio de Valencia por vía terrestre.
La Contraloría indicó que el contratista no invirtió los recursos del anticipo y tampoco los devolvió, además de ello utilizó materiales de mala calidad en los trabajos iniciales.
El máximo entre de revisión fiscal del país indicó que hubo una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente y por ello profirió el fallo de responsabilidad fiscal en contra de cuatro personas jurídicas y una persona natural que conformaron el consorcio puente Valencia 2010-2011, así como al interventor.
Sobre este fallo responsabilidad fiscal aún pesan los recursos de reposición y apelación por parte de los señalados contratistas.
El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez al conocer sobre la decisión de la Contraloría, sostuvo que, durante su época como diputado dio a conocer la situación irregular cometida con los recursos asignados para el puente.
“El tiempo nos dio la razón al advertir sobre esta situación, desde mi ejercicio como diputado lideré varios debates de control político y manifesté la necesidad de individualizar a responsables”, dijo el mandatario departamental.
La obra que hoy es una realidad y se encuentra funcionando, fue rescatada en gran parte durante la administración anterior y el gobernador actual se encargó de conseguir los recursos adicionales para las obras de acceso y cerramiento.