La Contraloría General de la República anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades encontradas en el Plan Departamental de Agua de Córdoba durante la vigencia del año 2020.
Según informó el vicecontralor General, Carlos Zuloaga, se detectaron anomalías por cerca de 82.000 millones de pesos, especialmente en el sistema de acueducto regional de San Jorge, que debía abastecer a los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada.
Durante una rueda de prensa en Montería, el Zuluaga detalló que contrario a lo planeado, el acueducto regional San Jorge no está funcionando como fuente de abastecimiento para la potabilización del agua en las cabeceras municipales mencionadas.
Además, no soporta la demanda en las áreas de influencia del proyecto y tampoco ha logrado superar los racionamientos del servicio, afectando la continuidad y exponiendo a la población, especialmente a niños y ancianos, a riesgos de enfermedades por consumo de agua no apta.
Zuluaga calificó estos hechos como una “gestión inadecuada de recursos y un posible mal manejo en la ejecución del contrato”, lo que justifica la intervención de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría. Dado el impacto de estas irregularidades, el ente de control declaró este caso como de impacto nacional y será prioridad en las pesquisas.