Contaminación por metales pesados, un lastre para la seguridad alimentaria en Córdoba

La contaminación por metales pesados implica una vulnerabilidad para la seguridad alimentaria, ya que estos contaminantes se bioacumulan en los organismos acuáticos.


La contaminación por metales pesados en cuerpos de agua del departamento de Córdoba representa un riesgo para la seguridad alimentaria, según se advierte en el Plan de Acción Institucional 2024-2027 de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

Esta problemática ha sido identificada en el complejo cenagoso de Ayapel, el Bajo Sinú y las subregiones de Sinú Medio y Sabanas. Se ha evidenciado bioacumulación en especies acuáticas y biomagnificación en la cadena trófica, deterioro de la calidad del agua e incremento de registros de residuos peligrosos.

Las causas incluyen la ausencia de infraestructura de saneamiento, necesidades básicas insatisfechas, ocupaciones ilegales, actividades manufactureras, vertimiento de cromo, mercurio y cadmio, minería legal e ilegal, prácticas agropecuarias inadecuadas y vertimientos de agroquímicos, principalmente en los distritos de riego de Mocarí y La Doctrina.

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«La contaminación por metales pesados implica una vulnerabilidad para la seguridad alimentaria, ya que estos contaminantes se bioacumulan en los organismos acuáticos que son fuente de alimento para las comunidades», afirma un experto de la CVS.

Entre las consecuencias identificadas, se encuentran la afectación de la salud pública, el daño a ecosistemas incluso distantes del origen de los contaminantes, limitación de usos del agua, reducción de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento de agua y alimentos, afectación de servicios de regulación, producción primaria y reciclaje de nutrientes, así como el deterioro del recurso hídrico superficial y subterráneo.

Para abordar esta situación, la CVS ha priorizado acciones de control, seguimiento y reporte de la calidad del aire, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la gestión y uso sostenible de la biodiversidad en zonas costeras.

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Además, se contempla la revisión, aprobación y seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) de los municipios y otros usuarios del recurso hídrico en el departamento.