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Consejo de Estado pone plazo a Lorica para que garantice agua a su zona rural

Montería. Nueve meses le dio como plazo el Consejo de Estado a la Alcaldía del municipio de Santa Cruz de Lorica-Córdoba, para que garantice agua potable para las poblaciones de su zona rural. La sentencia de esa corporación surge al resolver una denuncia hecha por...


Montería. Nueve meses le dio como plazo el Consejo de Estado a la Alcaldía del municipio de Santa Cruz de Lorica-Córdoba, para que garantice agua potable para las poblaciones de su zona rural.

La sentencia de esa corporación surge al resolver una denuncia hecha por habitantes de caseríos, veredas y corregimientos de Lorica que no tienen servicio de agua potable, ni tampoco gozan de las mínimas condiciones sanitarias.

La Sección Primera estableció que la falta de recursos económicos en los municipios no es excusa para no adelantar programas que garanticen el suministro de agua potable a sus habitantes.

Indicó esta corporación que existe una obligación dirigida a los Alcaldes para construir ampliar, rehabilitar y mejorar la infraestructura de los servicios públicos en sus jurisdicciones, y que el Ministerio de Vivienda debe darles asistencia técnica para que diseñen programas especiales de agua potable y saneamiento.

En el caso de Santa cruz de Lorica, los accionantes denunciaron que el municipio carece de servicios de agua potable y que hay caseríos y veredas que no tienen letrinas y “los campesinos tienen que realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas y luego botarlas al monte”.

Aunque el Tribunal Administrativo de Córdoba amparó los derechos colectivos, el Municipio impugnó la decisión con el argumento de que “es imposible diseñar, construir y mantener el alcantarillado rural, pues la población está dispersa, la topografía de la zona es muy fuerte e irregular, el área es extensa y el proyecto requeriría de plantas de tratamientos para aguas residuales, que son muy costosas. Por lo que cumplir el fallo implicaría invertir el presupuesto de 10 años”.

El Consejo de Estado dijo en su decisión que “es menester que tanto la Nación como todas las entidades territoriales antepongan ante cualquier otra inversión el gasto público social, debido a que éste cubre las necesidades inherentes de la población”.

Entre estas, la inversión para solucionar el suministro de agua potable y el correcto funcionamiento del acueducto.

Así mismo, se demostró que aunque se incluyó en el Plan de Desarrollo 2012-2015 la inversión en dichas obras, el Municipio no ha solucionado la problemática. Por tanto, la Sala dio un plazo de 9 meses para que se suministre agua apta para el consumo humano.

Publicado por: Montería Radio 38°



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