Redacción. El conflicto armado es un flagelo que, por décadas, ha sufrido el país, sin exceptuar a Córdoba. Por tal motivo, la presencia de actores armados, asesinatos, desplazamientos y amenazas, no pueden desligarse de la historia del departamento.
Sin embargo, la pandemia presentó un escenario en el que la situación se volvía más compleja, pues la crisis en salud pública no era la causa directa de los hechos violentos, pero de una manera u otra, enfocó los esfuerzos de las fuerzas estatales a brindar soluciones frente a la COVID-19, afectando así, las garantías de seguridad para las comunidades que se ven mayormente afectadas.
“Cuando miramos el tema de la pandemia y vemos la vulnerabilidad de los líderes y el tema de las amenazas, nos damos cuenta de que muy a nuestro pesar, continúan presentándose amenazas y violaciones a los Derechos Humanos, principalmente a los líderes en el sur del departamento”, dijo Edwin Uribe, coordinador territorial del Pnud para Córdoba, Sucre y los Montes de María.
“Ellos manifestaban una profunda preocupación ya que expresaban que, durante la pandemia, habían tenido que quedarse en sus territorios e inclusive aquellos que tenían esquemas de seguridad, estos esquemas habían tenido algunas particularidades, lo cual había significado que actores armados ilegales estuvieran muy pendientes de ellos, y que las amenazas aumentaran hacia estos líderes durante la pandemia”, agregó.
“Luego de que la firma de los Acuerdos, las Farc salen de la escena. Vemos entonces que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con sus diferentes nombres, pero AGC, se van tomando el control hegemónico”, explicó Uribe.
“Pero a ese control hegemónico le surgen también los llamados Caparros y se genera toda una disputa entre ellos. Son los factores que principalmente están en disputa en el territorio, sobre todo hacia el sur”, afirmó.
“También entra en escena un nuevo frente de disidencias de las Farc. De esta manera es como está el mapa de la presencia de los actores armados y que generan amenazas, violación, e inclusive, han generado asesinatos a líderes y a personas defensoras de los Derechos de las diferentes comunidades del departamento”, puntualizó.
Entretanto, la realidad de estas comunidades encierra otras aristas, como tasas considerables de analfabetismo, condiciones precarias de vivienda y alimentación, entre otros factores.
“Es preocupante encontrar, por ejemplo, un analfabetismo de cerca del 25%, pero también una problemática en temas de vivienda, sistema de recolección de basura, contaminación, etcétera. Encontramos poblaciones que ya son vulnerables debido a la falta de oportunidades, a la exclusión y la desigualdad que se ha vivido el territorio durante muchísimos años a causa de la guerra, pero también a causa de otras razones estructurales” aseguró el funcionario del Pnud para Córdoba.
“A esa vulnerabilidad le sumamos que estas comunidades indígenas se encuentran en unos territorios por donde transitan los actores ilegales”, agregó.
Para organizaciones como el Programa para las Naciones Unidas, el 2020 no representó un alto a los proyectos territoriales, sino que enseñó la necesidad de reinventar la de desarrollar actividades dirigidas a comunidades que han visto su vida marcada por la violencia.
