Montería. El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria Jansa, manifiesto que el propósito del incidente de nulidad interpuesto contra la sentencia de la Corte, que les ordena indemnizar a comunidades, es garantizar el derecho fundamental al debido proceso que según ellos “fue violado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional”.
» Contexto: Procuraduría pide a la Corte Constitucional mantener fallo de Cerro Matoso
Insiste Cerro Matoso que al proferir la sentencia se interpretó de manera errónea el reporte médico emitido por el Instituto Colombiano de Medicina Legal, “el cual de manera clara e inequívoca señala que no es concluyente, ya que no se estableció una relación de causalidad directa entre las afectaciones encontradas en la población y la operación de la mina y que hay otros factores que claramente están afectando la salud de esas comunidades”.
Gaviria Jansa manifiesta que es perentorio que los inversionistas nacionales e internacionales tengan una efectiva seguridad jurídica de modo que los capitales estén regidos por las mismas condiciones normativas. “La llegada de nuevos recursos se ve restringida por los constantes cambios de normas que alteran las proyecciones inversionistas”.
Reitera que la sentencia proferida contra Cerro Matoso está basada en “probabilidades” y desde ahí se ordenan pagos de indemnizaciones lo que repercute en la competitividad del sector.
“Estamos ante un ejemplo contundente de los efectos negativos de la inseguridad jurídica. Ahora cualquier ciudadano puede demandar al vecino que tiene un negocio y responsabilizarlo de las enfermedades que sufre”.
Puntualiza el presidente de Cerro Matoso que el incidente de nulidad a la Sentencia T-733 de 2017 es un recurso válido cuando se considera que no ha habido las garantías que ofrece la Ley y que en ningún caso se pretende evadir las responsabilidades.
