Montería. Desde hace cinco días, 72 educadores de instituciones educativas públicas de los resguardos indígenas de Tuchín y San Andrés de Sotavento permanecen encadenados frente a la Gobernación de Córdoba.
Reclaman a través de una huelga de hambre, por la terminación de sus contratos por parte de la Secretaría de Educación Departamental, tras venir laborando desde el 2017 bajo la figura de provisionalidad.
Roberto Zubiría Altamiranda, uno de los docentes afectados señaló que el 28 de diciembre de 2018 se dio por terminada la provisionalidad y más de 200 educadores quedaron en el limbo, cuestionan no haber sido notificados.
Aseguran que permanecerán en huelga de hambre frente a la Gobernación de Córdoba, hasta solucionar el problema y solicitaron a Procuraduría y Defensoría del Pueblo, ser garantes de sus derechos.
A esa solicitud se sumó la Asociación de Trabajadores de la Educación en Córdoba, Ademacor, conminando al Gobierno de Córdoba, explicar públicamente lo ocurrido con los contratos y dar soluciones.