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Cada 27 de marzo es un recuerdo amargo para la familia Zapa Pérez, quien a cuatro años del episodio aún no ha podido conocer la verdad.


Montería. Está viva en la retina de los padres y hermanos de Jairo Zapa Pérez, aquel 27 de marzo de 2014 cuando desapareció sin dejar rastros y tras semanas de incertidumbre, su cuerpo sin vida fue hallado en una fosa común en zona rural de Pueblo Nuevo, Córdoba.

Desde ese día, la verdad sobre el crimen del hombre que manejaba las riendas de la Oficina de Regalías de Córdoba, ha sido esquiva para sus familiares y la sociedad cordobesa, que según el abogado Juan Felipe Amaya, apoderado de los padres de Zapa, tiene derecho como colectivo social a conocer el trasfondo del macabro crimen.

“Existe un deber moral y ético por parte de la sociedad cordobesa de reclamar claridad frente a lo que sucedió y exigir que este tipo de hechos jamás se vuelvan a repetir”, señaló Amaya.

Para el jurista, hay suficientes indicios y deducir que el asesinato y desaparición Jairo Zapa, tiene plena relación con las funciones desempeñadas como director de la oficina de regalías y los recursos administrados desde la misma y desde la Gobernación de Córdoba.

Joyce Hernández, ex paramilitar que confesó haber estrangulado al ingeniero Jairo Zapa.

Asegura que se completan cuatro años de dilaciones y burlas a la justicia, tiempo en el cual la familia Zapa vive un doble drama al no poder cerrar la herida, pues ‘sin verdad no hay duelo completo’, indica el abogado.

El letargo de la justicia en estos cuatro años, ha impedido incluso instalar el juicio y abre la posibilidad a los seis detenidos por el crimen, de solicitar libertad por vencimiento de términos, recursos jurídico al que han acudido, hasta ahora sin éxito.

No ha valido la advertencia de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las dilaciones judiciales en el proceso, para que haya avances sustanciales en el caso que parece dormir el sueño de los justos en los anaqueles de la justicia.

“Vemos con bastante preocupación el trámite dado al proceso, en cuatro años hemos encontrado toda suerte de obstáculos, hay personas capturadas desde finales de abril y hasta la fecha no se ha podido instalar el juicio, es decir que todavía desde el punto de vista procesal está bastante lejana la posibilidad de conocer a través de una sentencia judicial lo que realmente sucedió y que se sancionan a los responsables de estos hechos”, sentenció el abogado Amaya, casi resignado al difícil trasegar del proceso penal.

La otra batalla judicial

Restos de Jairo Zapa, eran llevados al campo santo.

Detrás de evitar que la verdad salga a flote hay intereses poderosos, reitera Amaya, recordando que la Fiscalía y las víctimas libran una batalla paralela con el sistema, pues en la más reciente audiencia preparatoria, la judicatura negó las prácticas de pruebas y testimonios que resultarían claves y de importancia mayúscula para establecer la verdad.

Confían en que la apelación sea favorable a los intereses de las víctimas; “Es bastante preocupante la situación, lo único que garantizará el establecimiento de la verdad es que haya un juicio amplio con posibilidades de escuchar y ver las pruebas desde distintas perspectivas”, insiste el abogado Amaya.

Fausto Zapa, padre de Jairo, es un hombre inquebrantable, pero el peso del dolor y la injusticia hacen mella en su vida, forzado al exilio, amenazas y presiones, dice con impotencia no observar avance alguno en el proceso penal.

No le alcanzan los dedos de las manos para contar las audiencias fallidas y aplazamientos injustificados por una u otras razones de origen tendencioso.

“Pareciera que fuerzas poderosas, oscuras y malévolas buscaran desangrar económicamente aún más a familiares víctimas de esta tragedia; pero, también que junto con la comunidad local, regional y nacional olvidemos este brutal hecho con el pasar de los días, semanas, meses y años”, dice en una carta que envió a los medios en la víspera del aniversario de la muerte de su hijo.

Piden que crimen se declare como de Lesa Humanidad

Familiares de Jairo Zapa Pérez.

Para Fausto, no hay duda que la justicia cojea en su andar y deduce que posiblemente hay manos metidas, órdenes, instrucciones o al menos influencias de personas muy poderosas de la región, manipulando para que el proceso penal no avance, y se distorsione la verdad.

Casi a gritos pide declarar el crimen de su hijo como delito de Lesa Humanidad, un recurso desesperado para tratar de blindarlo contra las demoras de la esquiva justicia.

Como presagiando que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, Fausto Zapa, admite sentir tristeza e impotencia ante la aceptación de la manera de administrar justicia en este país. Dice que la verdad en el proceso esta amordazada y contaminada, con intereses económicos y hasta politiqueros.



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