La Fiscalía General de la Nación imputó cuatro delitos a los presuntos responsables del asesinato del ganadero Rafael Esteban Urueta González y sus dos mayordomos, Fredys Beleño y Gerardo Marzola, ocurrido en septiembre de 2024 en zona rural entre los municipios de Chinú y San Andrés de Sotavento, Córdoba.
Durante la audiencia de imputación realizada el 17 de octubre de 2024, el fiscal del caso presentó cargos por homicidio agravado, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Los imputados, identificados como Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, no aceptaron los cargos. La defensa cuestionó la forma en que se obtuvieron las pruebas y la competencia del juez para realizar las audiencias.
Según el Código Penal colombiano, las penas para estos delitos son severas. El homicidio agravado puede acarrear entre 33 a 50 años de prisión. El porte ilegal de armas conlleva una pena de 9 a 12 años.
El hurto calificado y agravado puede implicar entre 6 y 14 años de prisión, mientras que el ocultamiento de pruebas se castiga con 4 a 12 años. Los agravantes, como la coparticipación criminal y el estado de indefensión de las víctimas, podrían aumentar significativamente estas penas.
Según la Fiscalía, los acusados habrían planeado y ejecutado el crimen con división de tareas, aprovechando la confianza de las víctimas para llevarlas a una zona boscosa donde fueron asesinadas. El ente acusador afirmó que los cuerpos fueron incinerados bajo un árbol de higo y posteriormente enterrados en una fosa común para ocultar evidencias.
La investigación reveló que los teléfonos móviles de las víctimas fueron robados presuntamente para evitar su rastreo.
La representante de las víctimas solicitó la imputación de delitos adicionales, mientras que la defensa pidió suspender la audiencia hasta resolver una controversia sobre las pruebas presentadas.
El juez explicó a los imputados sus derechos y las consecuencias de aceptar o no los cargos. También se les informó que no podrán enajenar bienes en los próximos seis meses tras la imputación.
La audiencia de imposición de medida de aseguramiento fue programada para el 30 de octubre a las 10:00 de la mañana. Mientras tanto, la Fiscalía continuará con la investigación formal del caso.
