Por Gustavo Santiago Soto
Montería. La casa del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, y su familia, fue expropiada y entregada a la Universidad de Córdoba dentro del proceso de reparación colectiva que se lleva a cabo desde el año 2013.
El inmueble, donde vivió Mancuso y su familia, está localizado en el barrio La Castellana, al norte de Montería, y pasará a manos del claustro universitario, en un procedimiento de entrega simbólica, que hará el Presidente Juan Manuel Santos, este sábado 7 de marzo.
Se ha conocido que en la vivienda expropiada al ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se construirá una biblioteca de la Universidad de Córdoba.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo, indicó que vigilará el cumplimiento de entrega del inmueble, para que su uso sea el adecuado.
«No es solo expropiar y entregar la casa de Mancuso y darla a la Universidad, sino que el Gobierno garantice su utilización para el goce efectivo de la reparación», expresó el Vice defensor del Pueblo Esiquio Manuel Sánchez.
La declaración fue hecha por el representante del Ministerio Público en la ciudad de Montería, donde participó del lanzamiento de un libro que trata temas sensibles como la violación de mujeres campesinas en el marco del conflicto armado.
Así va el proceso de reparación colectiva de la Universidad de Córdoba
Desde el pasado 10 de abril del año 2013 se instaló el proceso de reparación colectiva en la Universidad de Córdoba.
En cinco mesas de trabajo se discuten medidas de reparación colectivas para el Centro educativo. Las mesas discuten por separado las reparaciones académicas, administrativas, memoria histórica, no repetición y de derechos humanos.
De las 46 medidas de reparación, entre simbólicas y económicas, establecidas para la Universidad de Córdoba, al ser catalogada como víctima institucional, 35 están en ejecución.
Entre otras se han cumplido: La cátedra de derechos humanos, Alberto Alzate Patiño, uno de los destacados docentes asesinado por las Autodefensas, durante la denominada “toma paramilitar” a la Universidad.
También se inició con una primera fase el Centro de Altos Estudios para la Paz, financiado por el Gobierno Nacional.
El trámite más discutido, polémico y lento es el de perjuicio económico, que según las cuentas que hacen estamentos de la Universidad de Córdoba y discutidos en las mesas de trabajo, la reparación sobrepasa los 100 mil millones de pesos.
La discusión está centrada en que solicita reparación económica individual para todos los sindicalistas, trabajadores, familiares de asesinados y exiliados, entre otros, que aseguran haber sido víctimas directas o indirectas de los paramilitares.
Otras de las medidas de reparación pendientes son: La reforma estatutaria de la Universidad, que se modificó con la intervención de las Autodefensas, la reforma pensional y la reforma del fondo de salud.