Ante la grave situación humanitaria que enfrenta este centro penitenciario, que fue denunciada recientemente por la Defensoría del Pueblo, los alcaldes de los municipios del Bajo Sinú en el departamento de Córdoba se reunieron de urgencia para analizar el futuro de la cárcel La Amarilla, ubicada en el municipio de Lorica.
El alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, convocó a esta reunión a los secretarios de gobierno de San Bernardo del Viento, San Antero, Purísima, Chimá, San Andrés de Sotavento y Cotorra. El objetivo era llegar a acuerdos sobre los aportes que cada municipio debe hacer para cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento de La Amarilla.
Cabe recordar que, tras la decisión del Inpec de no seguir a cargo de estos gastos, la responsabilidad recayó en las administraciones municipales. Sin embargo, según denunció Manzur, varios alcaldes de la zona se han “colgado” y no han cumplido con sus cuotas.
El Alcalde de Lorica aprovechó la reunión para hacerle un llamado al gobernador de Córdoba, Erazmo Zuleta, y al gobierno nacional, por más recursos para atender esta problemática que afecta a toda la región. “La Amarilla es de impacto regional, nosotros corremos con la mayor carga administrativa, pero es insuficiente”, enfatizó.
Entre los graves problemas que enfrenta este centro penitenciario, y que fueron expuestos por la Defensoría, están las fugas constantes de reclusos, paros de los guardianes por falta de pago, deficiente alimentación y un gran hacinamiento dentro de las celdas.
El defensor regional Ricardo Madera incluso calificó a La Amarilla como “una bomba de tiempo” y pidió al nuevo gobierno departamental considerar una reestructuración completa que permita respetar los derechos humanos de los internos.
