Admiten tutela que ordena al Incoder entregar predios a desplazados en Tierralta

El Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Sala de Jurisdicción Disciplinaria, admitió acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (lncoder) por la vulneración de los derechos de la población desplazados por causa de la violencia o conflicto armado, a favor de los beneficiarios de los predios denominados “La Gloria” y “Buenavista”, ubicados en el corregimiento El Loro, municipio de Tierralta (Córdoba). Con esta acción judicial, la Procuraduría logró...

Admiten tutela que ordena al Incoder entregar predios a desplazados en Tierralta

El Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Sala de Jurisdicción Disciplinaria, admitió acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (lncoder) por la vulneración de los derechos de la población desplazados por causa de la violencia o conflicto armado, a favor de los beneficiarios de los predios denominados “La Gloria” y “Buenavista”, ubicados en el corregimiento El Loro, municipio de Tierralta (Córdoba).

Con esta acción judicial, la Procuraduría logró que se ordenara al Incoder que cese todos los procedimientos administrativos sancionatorios que adelantan contra quienes abandonaron o no llegaron a dichos predios, que se le señale como obligación perentoria a ese instituto la adquisición de predios de manera directa a favor de los beneficiaros iniciales de “La Gloria” y “Buenavista”, y, una vez adquiridos los predios, proceder a implementar a su cargo proyectos productivos, de vivienda digna y acceso a infraestructura mínima vital con servíos públicos esenciales.

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De igual manera, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, defendió los derechos asociados, tales como los fundamentales al mínimo vital, a la estabilización económica, restablecimiento del tejido social personal y familiar y vivienda digna, por las acciones y omisiones que se han presentado contra estas personas.

Finalmente, el Consejo Seccional de la Judicatura otorgó un plazo de ocho meses para que el Incoder a nivel nacional y regional proceda a desplegar las acciones administrativas del caso para que se cumplan las órdenes impartidas.



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