Ademacor y Fecode en firme rechazo a la certificación de la educación en municipios de Córdoba

       Las directivas de la Asociación de Maestros de Córdoba y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación sentaron una vez más su rechazo ante la certificación en educación de varios municipios del departamento, como Montelíbano y Cereté, pues argumentan que es “una irresponsabilidad otorgar esa obligación a administraciones locales, que no tienen los recursos para ello”. Presidente de ADEMACOR, Domingo Ayala En voz del Presidente de Ademacor, Domingo Ayala, aseveró que estas medidas son “acto de politiquería”, al convertir...


Las directivas de la Asociación de Maestros de Córdoba y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación sentaron una vez más su rechazo ante la certificación en educación de varios municipios del departamento, como Montelíbano y Cereté, pues argumentan que es “una irresponsabilidad otorgar esa obligación a administraciones locales, que no tienen los recursos para ello”.

Presidente de ADEMACOR, Domingo Ayala
Presidente de ADEMACOR, Domingo Ayala

En voz del Presidente de Ademacor, Domingo Ayala, aseveró que estas medidas son “acto de politiquería”, al convertir la educación en un negocio y no respetar su condición de derecho, por lo cual el Gobierno Departamental y Nacional debe velar.

“La Nación es quien debe acatar la responsabilidad de la educación, esta no puede depender de los entes territoriales, puesto que no alcanzan los recursos, y esto lo que trae consigo es mayor detrimento en la calidad educativa y menos garantías para los docentes y alumnos”, anotó.

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Cuestionan además que el proceso de certificación del municipio de Montelíbano, se dio “a puertas cerradas”, pues no hubo debate en la asamblea y en el concejo con miras a la comunidad educativa, para garantizar un verdadero análisis de la decisión.

Así mismo, los directivos de la asociación denunciaron que esto es muestra de “pura politiquería” dicen, que a los actuales gobernantes sólo les importa llenar sus bolsillos, y no la calidad educativa, puesto que estas medidas, solo impulsan el camino a la privatización de la educación, pues aducen que cuando el municipio no pueda costear el pago a docentes, el mantenimiento de la infraestructura y demás, serán los padres de familia los que tengan que “meterse la mano al bolsillo, para que sus hijos puedan estudiar”.

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