Los contratos a término indefinido se establecen como la modalidad contractual principal en Colombia tras la entrada en vigor de la reforma laboral firmada por el presidente Gustavo Petro. Las empresas únicamente podrán renovar los contratos a término fijo hasta cuatro ocasiones antes de convertirlos automáticamente en indefinidos.
Esta disposición cambia las prácticas de contratación en el país, donde muchas compañías utilizaban las renovaciones sucesivas de contratos temporales para evitar brindar estabilidad laboral a sus empleados. Ahora, después de la cuarta renovación, el vínculo laboral debe convertirse en indefinido por ley.
La medida busca acabar con la práctica de mantener trabajadores en condiciones de temporalidad perpetua, una situación que afectaba a millones de colombianos que realizaban labores permanentes bajo contratos que se renovaban indefinidamente sin ofrecer seguridad laboral real.
El sector público también experimenta transformaciones importantes. La reforma elimina los contratos por prestación de servicios para tareas permanentes en las entidades estatales, una decisión que impactará directamente al gobierno nacional, que mantiene miles de trabajadores bajo esta modalidad contractual.
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, destacó que la reforma “busca formalizar el empleo, reconocer y fortalecer los derechos laborales y dar cumplimiento a los estándares internacionales”. El funcionario subrayó que estas medidas reflejan el compromiso gubernamental de recuperar los derechos de los trabajadores.
La nueva legislación, aprobada por el Congreso tras intensos debates, representa una de las mayores victorias legislativas del actual gobierno. Las empresas deberán ajustar sus políticas de recursos humanos para cumplir con las nuevas reglas contractuales.
El Ministerio del Trabajo supervisará el cumplimiento de estas disposiciones a través de sus 33 direcciones territoriales y su equipo de Inspección, Vigilancia y Control, fortaleciendo la presencia institucional en todo el territorio nacional para garantizar la correcta aplicación de los nuevos derechos laborales.
