La Contraloría General de la República encendió este miércoles una alerta sobre el estado de la protección de la niñez en Colombia, al revelar que los recursos destinados a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) se redujeron a 1.810 millones de pesos para el período 2024-2026, lo que representa una caída del 83,8% frente al período 2019-2023, cuando se asignaron 12.891 millones de pesos.
El ente fiscal identificó que de esos recursos anteriores, solo se ejecutaron 9.216 millones, dejando 3.675 millones sin utilizar, en un contexto donde los riesgos para los menores no disminuyen sino que crecen. Para la Contraloría, el problema no es solo de recorte presupuestal sino también de capacidad institucional para convertir el gasto en resultados concretos.
La situación en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) también resulta crítica. Las visitas técnicas del ente de control evidenciaron que más del 60% de los equipos interdisciplinarios están incompletos, y que cada defensor de familia atiende hasta 120 casos semanales, generando retrasos y decisiones tardías que afectan la atención integral a los menores vulnerados.
En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Contraloría detectó fallas en la detección y seguimiento de casos. Las cifras resultan llamativas: 1.488 alertas en 2022, solo 1 en 2023 y 1.458 en 2024, una variación que el ente de control atribuye a posibles limitaciones operativas de la entidad.
El estudio también reveló que el gasto se concentra en zonas urbanas, mientras las estrategias de protección en territorios rurales enfrentan déficit de financiación y cobertura, afectando precisamente a las comunidades con mayor presencia de grupos armados que reclutan menores.
