La Contraloría General de la República remitió un documento a la Corte Constitucional en el marco de la revisión de exequibilidad del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, tras las intensas lluvias e inundaciones que afectaron viviendas, infraestructura, vías y sistemas de abastecimiento de agua.
El organismo de control fiscal advirtió que no cuenta con elementos de juicio suficientes para avalar la cifra de 8 billones de pesos que el Gobierno Nacional presentó como costo de la atención de la emergencia, por lo que se abstuvo de emitir un pronunciamiento técnico definitivo que respaldara la legalidad del decreto.
La Contraloría señaló que las cifras presentadas corresponden a estimaciones preliminares con niveles significativos de incertidumbre. El análisis del organismo evidenció que no existe un plan nacional específico, articulado y suficientemente detallado para la atención integral de la crisis, sino una agregación de respuestas sectoriales construidas a partir de estimativos generales.
El documento también advirtió que la UNGRD reconoció expresamente que el nivel de desagregación requerido en términos de proyectos específicos, criterios de priorización y trazabilidad entre necesidades y asignaciones corresponde a una fase posterior que aún se encuentra en proceso de construcción.
Adicionalmente, el informe señaló que no se ha expedido el acto administrativo de liquidación de los recursos, lo que impide su incorporación presupuestal y, en consecuencia, su ejecución. Las entidades presentaron diagnósticos incompletos y debilidades en la estructuración de las intervenciones.
El documento fue firmado por Carlos Óscar Vergara Rodríguez, Director de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, y fue remitido al magistrado ponente Miguel Polo Rosero de la Corte Constitucional.
