La Contraloría Distrital de Medellín abrió una indagación preliminar para determinar si el cambio de contratista en las obras finales de Hidroituango generó un presunto detrimento patrimonial de $108.585 millones contra Empresas Públicas de Medellín (EPM). La revisión se enfoca en la ejecución de las unidades de generación de energía 5, 6, 7 y 8, correspondientes a la fase final del megaproyecto hidroeléctrico.
El hallazgo se originó en una actuación especial de fiscalización que la Contraloría de Antioquia adelantaba desde febrero, motivada por el reemplazo de contratistas para terminar la central. En junio, ese ente departamental concluyó que la Sociedad Hidroituango, propietaria del proyecto, no sufrió afectación patrimonial, pero identificó una presunta vulneración del principio de planeación en el proceso contractual liderado por EPM. Como esta empresa no está bajo su jurisdicción, el hallazgo fue remitido a la Contraloría de Medellín, que ahora deberá formalizar la investigación de responsabilidad fiscal.
La contralora de Medellín, Paula Ortega, explicó el origen del presunto perjuicio económico. “El nuevo contratista presenta unos valores en su propuesta que son superiores a los valores que EPM tenía en su presupuesto oficial. Entonces, esa diferencia es lo que genera el detrimento patrimonial”, precisó la funcionaria, quien aclaró que el proceso apenas inicia y podría extenderse cerca de seis meses en esta etapa preliminar, sin responsables fiscales vinculados hasta el momento.
