La Contraloría General de la República encendió las alarmas por una millonaria contratación directa que habría desconocido las restricciones impuestas por la ley de garantías electorales: 6.292 contratos por más de $2 billones, firmados en sectores que la norma no permite exceptuar. Así lo reveló el organismo de control en un comunicado oficial.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General revisó 25.685 contratos por $2,8 billones suscritos entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026.
Tras depurar los sectores con excepción legal salud, defensa, seguridad, emergencias, desastres, urgencia manifiesta y crédito, el organismo determinó que 6.292 de esos contratos, valorados en más de $2 billones, no tienen respaldo normativo.
Según el reporte oficial, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran el mayor número de contratos reportados durante la vigencia de la ley de garantías sin amparo legal alguno.
