La Contraloría General de la República reiteró la advertencia emitida en 2023 a la Superintendencia Nacional de Salud sobre el grave y progresivo deterioro del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país, situación que amenaza seriamente la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Aunque el giro directo de la ADRES aumentó un 27,2%, la deuda con los hospitales públicos pasó de $12,5 billones a $16,28 billones en solo nueve meses, con una alta concentración de recursos girados a los prestadores privados.
El flujo de recursos en la red prestadora de servicios, compuesta por las EPS intervenidas y no intervenidas, registra márgenes de 80% para el privado y 20% para el público.
“Para la Contraloría es preocupante la asfixia financiera de la red pública hospitalaria, toda vez que tiene responsabilidad de atención en más de 600 municipios del país, especialmente en las zonas más alejadas”, señaló el ente de control.
El análisis evidencia que en 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones, pero solo recibieron pagos por $15,7 billones (84%), generando una cartera equivalente al 16%.
Entre enero y septiembre de 2025, la situación se deterioró aún más: se facturaron $16,3 billones y se pagaron únicamente $12,6 billones (77%), lo que representa una caída de 7 puntos porcentuales en la oportunidad de pago.
Por nivel de complejidad, la reducción en los pagos afecta a toda la red hospitalaria pública:
– Nivel I: caída del 85% al 81%
– Nivel II: descenso del 80% al 74%, el peor desempeño
– Nivel III: disminución del 87% al 76%, comprometiendo hospitales de alta complejidad
La Contraloría observó una alta concentración del giro directo en prestadores privados, que recibieron el 67,7% de los recursos en 2025, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23,2%, reflejando una distribución inequitativa del mecanismo de pago.
De acuerdo con información suministrada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció cerca del 42% entre 2024 y 2025, al pasar de $4,5 billones a $6,4 billones.
El órgano de control señala que persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces.
