La educación superior de 332.628 estudiantes está en riesgo debido a la significativa reducción del 33% en el presupuesto del Icetex para 2025, según alertó la Contraloría General de la República en un comunicado emitido este 26 de noviembre. Los recursos de la entidad pasarían de $1,2 billones en 2024 a $859.036 millones el próximo año.
El impacto más severo se registrará en las líneas de crédito administradas directamente por el Icetex, que experimentarán una reducción del 47%, bajando de $938.115 millones a $495.188 millones. Esta disminución afectará principalmente a estudiantes de poblaciones vulnerables y universidades privadas.
La desfinanciación tendría múltiples consecuencias: 113.726 beneficiarios de comunidades vulnerables perderían recursos de sostenimiento, 183.898 estudiantes enfrentarían aumentos en sus tasas de interés y cuotas mensuales, mientras que 34.755 beneficiarios podrían perder las condonaciones por graduación.
“Las líneas de largo plazo subsidiadas destinadas a las poblaciones más vulnerables no contarán con recursos para su sostenimiento”, señala el documento de la Contraloría, que además advierte sobre el posible incumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en la creación de 500.000 nuevos cupos en educación superior.
El órgano de control reveló que, si bien el Ministerio de Educación reportó un aumento del 36% en recursos para gratuidad de matrícula (pasando de $1,57 billones a $2,14 billones), este incremento no compensa la reducción en el presupuesto del Icetex.
La situación es especialmente crítica para las universidades privadas, principales beneficiarias de los créditos Icetex, que podrían enfrentar un “marchitamiento” según la Contraloría. También afectará a estudiantes que no logran acceder a universidades públicas y dependen del instituto para financiar sus estudios.
La Contraloría exhortó al Gobierno Nacional a “tomar medidas urgentes y concertadas que aseguren la financiación adecuada y suficiente de los créditos educativos destinados a la educación superior del país para la vigencia 2025”.
