La Contraloría General de la República envió un oficio a la Corte Constitucional en el que cuestionó los fundamentos técnicos del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en varios departamentos del país, incluido Córdoba, para atender los estragos de las intensas lluvias y el frente frío.
En el documento firmado por Carlos Óscar Vergara Rodríguez, director de la Oficina Jurídica de la CGR, el organismo de control respondió al Auto RE-390, mediante el cual la Corte asumió la revisión de constitucionalidad del decreto de emergencia y solicitó información técnica sobre la disponibilidad de recursos y la situación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La Contraloría advirtió que no existe un plan nacional articulado y detallado para atender la emergencia, sino una suma de respuestas sectoriales construidas sobre estimativos generales.
Además, señaló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reconoció que la desagregación por proyectos específicos, criterios de priorización y trazabilidad aún está en construcción.
El organismo también alertó que no se ha expedido el acto administrativo de liquidación de recursos, lo que bloquea su incorporación presupuestal y, por ende, su ejecución efectiva.
Las entidades involucradas presentan diagnósticos incompletos y debilidades en la estructuración de las intervenciones.
Con base en ese panorama, la CGR concluyó que no cuenta con elementos de juicio suficientes para respaldar técnicamente la cifra de $8 billones que el Ejecutivo proyectó como costo de la atención, calificando esas estimaciones como preliminares “con niveles significativos de incertidumbre”.
