Redacción. El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, anunció nuevas acciones contra los carteles de la corrupción, que según cifras del Ministerio Público se han robado al menos 50 billones de los presupuestos territoriales.
Maya Villazón advirtió que muy pronto dará conocer nuevas medidas de carácter procesal, adoptadas por la Contraloría contra funcionarios públicos actualmente en ejercicio de sus cargos, involucrados en el llamado Cartel de la Hemofilia, entre las que se incluyen los embargos a que haya lugar.
La Contraloría y la Fiscalía adelantarían de forma conjunta las diligencias de embargos a los involucrados en el desangre a los recursos de la salud en Córdoba, desfalco que según la Fiscalía podría superar los 60 mil millones de pesos.
A través de documentos falsos, y maniobras irregulares con el aval de IPS corruptas, se hacían recobros al sistema de salud por millonarios tratamientos y medicamentos para pacientes con hemofilia que no existían.
También en Sucre, por el cartel de enfermos mentales
Sobre el caso del Cartel de los Enfermos Mentales en Sucre, anunció que toda vez que allí se crearon IPS’s de papel para desfalcar los recursos del Sistema, ha solicitado expresamente al Fiscal General de la Nación, la acreditación probatoria de las maniobras fraudulentas y delictivas usadas para estructurar el desfalco, y proceder así a obtener el levantamiento del velo corporativo de las sociedades IPS’s involucradas, que fueron utilizadas como fachada para adueñarse de los recursos del SGP.
“Es decir, las acciones de la Contraloría en este caso no se limitarán a la responsabilidad de los funcionarios implicados, sino que la colaboración con el Fiscal General de la Nación y con el Procurador, nos permitirá perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de dichas IPS’s, que incurrieron en maniobras fraudulentas y que dieron origen al daño patrimonial a los recursos de la salud”, explicó Maya Villazón.
El próximo mes, la Contraloría dará a conocer los resultados de una nueva auditoría a las vigencias 2012 y 2013, donde se llevaron a cabo pagos a favor de tres IPS’s que atendían igualmente supuestos pacientes de enfermedades mentales, y donde se hicieron pagos por más de $3 mil millones de pesos en Sucre.
