El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, defendió la consulta previa como un derecho fundamental de las comunidades, pero cuestionó los retrasos, la falta de tiempos definidos y la inseguridad jurídica que, según señaló, persisten en el trámite administrativo.
Durante su intervención, Espinal afirmó que desde 2011 se han radicado más de 13.000 consultas previas en el país y puso como ejemplo el proyecto Sirius, donde, según dijo, se registraron más de 126 consultas en menos de seis meses.
“De nuestro partido Centro Democrático defendemos la consulta previa como un derecho fundamental que tienen todas las comunidades a nivel nacional. Pero existe una realidad: la falta de seguridad jurídica, de trámite administrativo y de tiempos perentorios han llevado a que la consulta previa se convierta en una herramienta de obstáculo al desarrollo económico a nivel nacional”, afirmó.
El senador respaldó la propuesta anunciada por el Gobierno Nacional para transformar el procedimiento mediante la digitalización de expedientes, la definición de tiempos, responsables y reglas para cada proceso, además de mesas técnicas, asesores de proyectos y participación de asesores externos.
El congresista insistió en que las modificaciones deben concentrarse en el procedimiento administrativo y no en el derecho fundamental de las comunidades.
“Ni el Gobierno ni los otros proyectos de ley pretendemos tocar o modificar el núcleo esencial de la consulta previa, que además no se puede”, sostuvo.
Como parte de los datos que sustentan su posición, Espinal mencionó 12.588 procesos registrados desde 2011, 1.350 consultas radicadas durante 2026 y 5.817 procesos activos sin concluir. También señaló que solo el 16 % de los procesos iniciados entre 2022 y 2026 llegó a protocolización y el 1 % a seguimiento.
Según las cifras citadas por el senador, La Guajira concentra 1.435 procesos activos, equivalentes al 43 % del total nacional, mientras que 446 procesos se originaron en fallos judiciales entre 2018 y 2026. El sector energético-minero representa, de acuerdo con esos datos, el 43,19 % de los procesos.
Espinal sostuvo que el objetivo de los cambios debe ser establecer reglas claras y seguridad jurídica para las comunidades, los empresarios y el Estado, sin modificar el derecho a la consulta previa.
