La Defensoría del Pueblo emitió este sábado una alerta sobre la situación de seguridad en el Valle del Cauca y calificó el atentado ocurrido en Cali como una grave afectación a la población civil y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, en un pronunciamiento que exige al Estado adoptar medidas urgentes para proteger a los habitantes de la región.
El organismo de control fue enfático en su diagnóstico: “Hoy, el Valle del Cauca, y en particular la ciudad de Cali, enfrenta una nueva situación que pone en riesgo los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de la población.”
La Defensoría señaló que aunque el atentado no dejó víctimas mortales, el riesgo al que fue expuesta la comunidad civil evidencia la persistencia de escenarios que vulneran derechos fundamentales. El organismo también vinculó los hechos con los riesgos advertidos previamente en la Alerta Temprana 012-2025, un documento que ya había identificado las condiciones de vulnerabilidad en ese territorio.
El organismo reiteró la obligación del Estado de actuar con urgencia: las medidas que se adopten deben ser integrales, articuladas, oportunas, coordinadas y verificables. La Defensoría no se limitó a condenar los hechos sino que fijó estándares concretos para la respuesta institucional que el Gobierno Nacional debe ofrecer a los vallecaucanos.
El organismo cerró su pronunciamiento con un mensaje de vigilancia permanente: “Seguiremos insistiendo en la adopción de medidas de prevención y protección que permitan salvaguardar la vida, la integridad y el derecho a un buen futuro de las comunidades en este territorio.”
La declaración de la Defensoría se suma a la cadena de reacciones institucionales y políticas que generó la jornada de tres atentados en el Valle del Cauca en menos de 24 horas.
