La Sección Primera del Consejo de Estado decretó una medida cautelar de suspensión provisional del aparte del artículo 35 del Decreto 2520 de 1993 que exigía la presencia obligatoria del ministro de Hacienda para que la Junta Directiva del Banco de la República pudiera sesionar, deliberar y tomar decisiones.
La providencia, firmada por el consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes, consideró que esa norma contraviene la autonomía constitucional del emisor.
El caso tiene origen directo en el choque institucional del 31 de marzo, cuando el ministro Germán Ávila abandonó la sesión de la junta antes de que terminara, luego de que la mayoría decidiera subir las tasas de interés en 100 puntos básicos; la segunda alza consecutiva de esa magnitud. Minutos después, Ávila anunció públicamente que el Gobierno rompía con la junta.
El Banco de la República respaldó la medida cautelar y advirtió que la inasistencia del ministro generaba un bloqueo institucional que podía suspender indefinidamente sus funciones. Ni el Ministerio de Hacienda ni la Presidencia estuvieron de acuerdo con la medida.
La demanda de nulidad fue presentada por el ciudadano Daniel Felipe Useche Daza. El fallo aclaró que la suspensión recae exclusivamente sobre la expresión relativa al quórum, manteniendo inalterado el mandato que establece que el titular de Hacienda debe presidir la junta cuando asista. La norma suspendida queda sin efectos mientras avanza el estudio de fondo del proceso.
La decisión tiene implicaciones directas sobre la política monetaria del país: la junta del Banco de la República podrá ahora reunirse y decidir sobre tasas de interés y otras medidas sin depender de la voluntad política del Gobierno de turno de enviar a su representante.
