El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, y protegió el buen nombre de la Registraduría Nacional, tras concluir que varias afirmaciones del expresidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral vulneraron esas garantías.
En una decisión divulgada este martes 17 de noviembre de 2026, la corporación ordenó al exmandatario eliminar 12 publicaciones de su cuenta de X relacionadas con presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de este año. Petro tendrá cinco días, contados a partir de la notificación del fallo, para cumplir la disposición.
La orden también incluye retirar de cualquier medio bajo su administración las declaraciones que formuló sobre las mismas acusaciones durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026.
Consejo de Estado cuestionó señalamientos contra el registrador
La alta corte consideró que Petro atribuyó a Penagos responsabilidades por un supuesto fraude electoral sin que existiera una decisión judicial ejecutoriada que demostrara su participación en actividades delictivas.
El tribunal aclaró que la existencia de una denuncia penal contra el registrador tampoco demuestra que haya cometido los hechos señalados ni elimina su presunción de inocencia.
Como medida para evitar que se repitan estas conductas, los magistrados ordenaron al expresidente abstenerse de atribuirle al funcionario la comisión de fraude electoral o delitos sin respaldo de una decisión judicial en firme. La misma restricción aplica a las afirmaciones que involucren a la Registraduría como responsable, facilitadora o participante de un supuesto fraude.
La disputa comenzó cuando Petro ejercía la Presidencia
La controversia se originó en publicaciones difundidas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro todavía ocupaba la Casa de Nariño.
En esos mensajes, el entonces mandatario cuestionó el censo electoral, los formularios E-14, las direcciones IP y los mecanismos de auditoría del software utilizado por la organización electoral. También planteó dudas sobre las garantías de transparencia de las elecciones presidenciales.
Ante estos señalamientos, Hernán Penagos presentó una acción de tutela en nombre propio y en representación de la Registraduría. Alegó afectaciones a sus derechos a la honra, al buen nombre y a la rectificación, y sostuvo que solicitó una corrección pública sin recibir respuesta.
El Consejo de Estado admitió la acción el 30 de septiembre y posteriormente resolvió a favor del registrador.





