Nada frena ya el acto de traslado del poder al Valle del Cauca. El Consejo de Estado desestimó este martes la petición ciudadana que buscaba detener el acto con el que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el 7 de agosto en la Arena USC de Cali, un escenario que rompe con la costumbre de juramentar a los mandatarios en la capital y que ya obtuvo el visto bueno del Congreso de la República.
Los magistrados Luis Alberto Álvarez y Ómar Joaquí Barreto, de la Sección Quinta, no hallaron razones para conceder la medida cautelar. Su lectura fue clara: los peticionarios no aportaron pruebas capaces de demostrar un daño inmediato al orden constitucional o legal del país.
¿Qué alegaban? El abogado Luis Guillermo Pérez, acompañado por un grupo de firmantes, planteó que el mandatario electo arrastra una inhabilidad por su doble ciudadanía —estadounidense e italiana—. Al nacionalizarse en Estados Unidos en 2023, dijeron, De la Espriella prometió lealtad a otro país y quedó atrapado en lo que llamaron un conflicto de lealtad dual.
“El juramento de fidelidad a otro Estado constituye una fractura insalvable con los deberes constitucionales del cargo”, escribieron ante el alto tribunal.
El mismo martes apareció un segundo frente judicial. David Cano radicó una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esta vez apuntando al bolsillo público: el traslado de los congresistas a Cali, las adecuaciones logísticas y el operativo de seguridad.
“La inminencia de la fecha de posesión presidencial, prevista para el 7 de agosto de 2026, hace que la amenaza a los derechos colectivos sea actual, grave y de difícil reversión, pues los gastos, traslados, adecuaciones, contratación y despliegues de seguridad pueden ejecutarse antes de que exista control judicial efectivo”, advirtió el accionante. El proceso sigue abierto.
