El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara, David Ricardo Racero Mayorca, del Pacto Histórico.
La acción judicial, presentada por los ciudadanos Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández, acusa al congresista de destinar de manera indebida recursos públicos al asignar a un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) labores relacionadas con un negocio de frutas y verduras.
La demanda busca que se declare la pérdida de investidura del parlamentario por presunto incumplimiento de sus deberes como representante a la Cámara.
Los demandantes argumentan que Racero utilizó personal pagado con dineros del Estado para atender asuntos de su empresa privada, lo cual constituye una violación a las normas que regulan el uso de recursos públicos.
El proceso se tramitará en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, específicamente en la Sala Doce Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, bajo la ponencia del magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez.
La admisión de la demanda permite que el caso avance hacia la etapa probatoria, donde se evaluarán las evidencias presentadas por los demandantes.
Esta demanda se suma a las controversias que rodean al congresista Racero, quien anteriormente había enfrentado cuestionamientos por presuntas prácticas de clientelismo y condiciones laborales irregulares en su negocio familiar.
El representante, quien se muestra en público como defensor de los derechos laborales, enfrenta además acusaciones de precarización laboral.