El fallo de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el matrimonio infantil en Colombia y fijó la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años ha generado diversas reacciones en el ámbito político.
Representantes y senadores han expresado su respaldo a la decisión, resaltando su importancia para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.
La representante a la Cámara Katherine Miranda celebró la medida y señaló la importancia de garantizar que los menores tengan una infancia libre de presiones y obligaciones matrimoniales.
“Las niñas y los niños deben jugar, soñar y crecer, no casarse. Hoy Colombia dice NO al matrimonio infantil. Un fallo que no solo es justo, sino necesario”, expresó en su cuenta de X.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, destacó que esta decisión fortalece la protección de los menores frente a uniones tempranas que pueden derivar en vulneraciones de derechos.
“Importante noticia nos entrega la Corte Constitucional que elimina el matrimonio adolescente en Colombia y fija la edad mínima en 18 años. Esta decisión que protege a los menores de uniones tempranas que, en muchos casos, derivan en vulneraciones de sus derechos. Los niños deben ser niños, no esposos”, afirmó.
La senadora Angélica Lozano recordó que el Congreso ya había aprobado una iniciativa con el mismo objetivo, la cual aún espera sanción presidencial.
“La ley que aprobamos el año pasado, ‘niñas no esposas’ sigue esperando en Casa de Nariño ser sancionada como ley y entrar en vigencia inmediata”, indicó.
La decisión de la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 117 y 124 del Código Civil, eliminando la posibilidad de que menores de 18 años puedan contraer matrimonio.
El alto tribunal argumentó que el matrimonio infantil contraviene la Constitución y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Además del fallo, la Corte exhortó a las autoridades nacionales y locales a desarrollar políticas públicas para prevenir y erradicar el matrimonio infantil en el país.
También ordenó a la Defensoría del Pueblo identificar las regiones con mayor incidencia de uniones tempranas e implementar campañas pedagógicas para proteger los derechos de niñas y adolescentes.
