Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión por su participación en el entramado de corrupción que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Estupiñán Bravo aceptó dos de los cuatro cargos que le formuló la Fiscalía General de la Nación: peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Por los otros dos falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado la Fiscalía radicó escrito de acusación.
El núcleo del caso fue la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, para el suministro de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Para obtener la adjudicación, Estupiñán Bravo presentó documentación falsa que simulaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, respaldada en una alianza comercial inexistente entre Yapurutú y un concesionario automotriz.
Los carrotanques no estaban disponibles porque se encontraban en ensamblaje, pero la empresa recibió desembolsos por 24.406 millones de pesos. Las pruebas establecieron un sobrecosto de 11.114 millones de pesos: el propio condenado y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones, mientras que terceros se quedaron con otros 6.784 millones.
La condena suma una nueva decisión judicial al escándalo de los carrotanques de la UNGRD, que involucra a varios funcionarios y contratistas y que se convirtió en uno de los casos de corrupción más resonantes del Gobierno Nacional en los últimos años.
