Comité de la Regla Fiscal advierte riesgo estructural: reforma a la salud dejaría hueco de $126 billones en diez años

Documentos revelan incertidumbre fiscal en el Presupuesto 2026 y un déficit proyectado de $126 billones si avanza la reforma a la salud.
3 meses atrás
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El debate sobre la reforma a la salud del Gobierno Nacional tomó un giro técnico luego de que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) respondiera a una solicitud formal de la senadora Nadia Blel Scaff, presidenta del Partido Conservador.

Los documentos revelan que el Presupuesto General de la Nación 2026 depende de $16,3 billones en ingresos contingentes, cuya disponibilidad está sujeta a una nueva reforma tributaria.

El organismo concluyó que, si la iniciativa de salud se aprueba, el país afrontaría un déficit acumulado de $126 billones en la próxima década.

La información enviada por el CARF responde a un cuestionario extenso que Blel remitió el 17 de octubre, donde pidió evaluar la coherencia macrofiscal del presupuesto con la reforma a la salud.

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Entre los interrogantes aparecen temas sensibles: impacto sobre el servicio de la deuda, ajustes necesarios para cumplir la regla fiscal, proyecciones de gasto estructural y efectos del incremento en los aportes a la ADRES.

El intercambio también expone la posición del Ministerio de Hacienda. En su respuesta, la cartera confirmó que no puede entregar techos sectoriales diferenciados para 2026, 2027 y 2028 porque dependen de la eventual aprobación de la Ley de Financiamiento. Esa admisión ratifica la incertidumbre estructural sobre la distribución futura del gasto público.

Los documentos detallan dos escenarios: uno con ingreso de recursos adicionales vía reforma tributaria y otro sin esa fuente. Este último implicaría un ajuste anual equivalente al 3,8% del PIB desde 2028, cifra que impactaría educación, salud, infraestructura y programas sociales.

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Blel afirmó que estos hallazgos validan su oposición técnica a la propuesta del Ejecutivo. Sostuvo que continuará promoviendo mejoras al sistema, pero sin apoyar decisiones que, a su juicio, comprometan la estabilidad fiscal.