Comisión de Acusación ordena investigar a fiscal Lucy Laborde por presunta obstrucción en caso Nicolás Petro

La Cámara de Representantes compulsó copias a la Fiscalía y a la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico para que examinen la conducta de la funcionaria.
4 meses atrás
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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tomó una decisión que sacude el proceso judicial contra Nicolás Petro: ordenó que se investigue a la fiscal Lucy Laborde Betancourt, encargada del juicio por lavado de activos contra el hijo del presidente Gustavo Petro.

Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión y representante del Pacto Histórico, firmó el auto que compulsa copias tanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico como a la Fiscalía General de la Nación. El documento, de seis páginas, cuestiona la actuación de Laborde en torno a una inspección judicial que nunca se realizó.

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El triunvirato que investiga al presidente Petro y su campaña presidencial de 2022 había ordenado inspeccionar el despacho de la fiscal en Barranquilla. El objetivo era acceder a expedientes que pudieran vincular el caso de Nicolás Petro con la posible entrada de dinero ilícito a la campaña.

La diligencia estaba programada para el 18 de noviembre, pero se cayó. Según el auto, Laborde informó su ausencia mediante un mensaje de WhatsApp dirigido a la escribiente del magistrado Luigui José Reyes, comisionado para adelantar el procedimiento.

“Preocupa que una inspección judicial ordenada por esta Comisión haya sido dejada sin efecto, no por una decisión motivada, no por una causa de fuerza mayor debidamente explicada, sino por un mensaje de mensajería instantánea”, reprocha Arizabaleta en el documento.

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La Comisión le pidió a la Disciplina Judicial del Atlántico que analice una posible violación de los deberes de formalidad, celeridad, diligencia y lealtad procesal. A la Fiscalía le solicitó determinar si los hechos constituyen delitos como abuso de función pública, obstrucción a la justicia o fraude procesal.

El auto aclara que la célula legislativa no tiene competencia para calificar definitivamente los delitos, pero reconoce que los hechos ameritan una investigación profunda por parte de las autoridades competentes.