El comercio ilegal de huevos de iguana en Colombia puede acarrear graves consecuencias legales, advierte el profesor Rafael Zúñiga Mercado, abogado y conjuez adscrito al programa de Derecho de la Universidad de Córdoba. Según la Ley 1774 de 2016, el tráfico de fauna puede conllevar penas de hasta 135 meses de prisión, mientras que el maltrato animal puede resultar en condenas de hasta 36 meses, además de multas que alcanzan los 50 salarios mínimos.
La Corte Constitucional ha reconocido a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho, lo que implica una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad, la familia y cada individuo en su protección. El desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad, y quienes compran y consumen huevos de iguana también podrían ser vinculados a procesos por tráfico de fauna, según Zúñiga Mercado.
Por su parte, el profesor Juan Carlos Linares, especialista en Biodiversidad del Suelo y docente de Ecología en Unicórdoba, califica la práctica como cruel, ya que las iguanas no tienen posibilidad de recuperación tras la extracción de sus órganos reproductivos y vísceras. Además, advierte sobre el riesgo de desequilibrio ecológico que supone la vulneración de estas especies.
Aunque las iguanas no están en peligro de extinción, sí enfrentan amenazas por la alteración de sus ecosistemas naturales y la presión de la cacería. El profesor Linares también señala el potencial riesgo para la salud humana debido a la posible carga bacteriana de los huevos, dependiendo de las condiciones de manejo y almacenamiento.
Ante esta situación, los expertos hacen un llamado a la conciencia ciudadana para proteger la biodiversidad y evitar prácticas que atenten contra la fauna y la ley.
