El sistema judicial de China aprobó la pena de muerte para casos de abuso sexual infantil, catalogados como “extremadamente graves”, según una directriz emitida por la Suprema Corte Popular.
La medida se inscribe dentro de una política de tolerancia cero, que busca enviar un mensaje de máxima severidad frente a conductas calificadas por el tribunal como de “extrema vileza”.
El lineamiento judicial dispone que cuando los delitos impliquen crueldad excepcional o consecuencias particularmente graves para las víctimas, los tribunales deberán imponer la sanción máxima prevista por la ley.
En estos casos no se contemplarán beneficios legales posteriores, la intención es cerrar cualquier vía que suavice la condena, reforzando el carácter ejemplar de la sanción.
El endurecimiento de la postura judicial ocurre en un escenario donde las autoridades han reportado un incremento en los casos investigados. Datos oficiales señalan que decenas de miles de personas fueron procesadas recientemente por delitos relacionados con menores, lo que impulsó la revisión de criterios punitivos.
