El senador y candidato Iván Cepeda Castro llevó su batalla electoral a la arena internacional. A través de sus abogados, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una comunicación formal en la que denuncia lo que califica como una campaña sistemática de persecución política impulsada por el expresidente Álvaro Uribe y su entorno, en plena contienda electoral hacia el Congreso de 2026.
La denuncia tiene dos frentes concretos. El primero es una campaña publicitaria financiada con cuantiosos recursos que lo presenta públicamente como “heredero de las FARC”, difundida a través de medios de comunicación, vallas publicitarias, redes digitales y estructuras de desinformación conocidas como “bodegas”. El segundo es un intento de judicializarlo en Estados Unidos, para lo cual, según Cepeda, representantes del uribismo han desfilado por oficinas federales estadounidenses solicitando investigaciones que lo vinculen con la guerrilla extinta, apoyándose en fotografías descontextualizadas de las mesas de paz y en hechos sobre los cuales la justicia colombiana ya se pronunció de manera definitiva.
Cepeda también denunció que el Consejo Nacional Electoral lo excluyó de la consulta del 8 de marzo mediante lo que calificó como una maniobra irregular, sumando otro capítulo a lo que describe como una ofensiva coordinada para debilitar al Pacto Histórico antes de los comicios.
A pesar del panorama, el senador aseguró que mantiene el primer lugar en las encuestas y pidió a la CIDH observar la situación y solicitar a las autoridades colombianas acciones judiciales concretas contra Uribe y su círculo político.
