El presidente del Senado, Efraín Cepeda, formalizó una alerta temprana ante la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) por la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, pese al rechazo del Congreso el pasado 14 de mayo.
La denuncia, presentada a través del bufete de abogados Víctor Mosquera Marín el 4 de junio de 2025, califica esta decisión como “una amenaza real, verificable e inminente al principio de separación de poderes” consagrado en la Constitución colombiana y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Cepeda fundamenta su alerta en las declaraciones públicas del mandatario del 4 de diciembre de 2024, cuando acusó al senador de intentar un golpe de Estado y cometer delitos como tráfico de influencias. Estas afirmaciones se difundieron en redes sociales, donde Petro vinculó al presidente del Senado con sectores que “buscan el golpe porque no quiero ser presidente de los ricos”.
El documento técnico solicita información oficial al Estado colombiano, particularmente al Ministerio del Interior y a la Presidencia, sobre los fundamentos jurídicos del decreto anunciado y los motivos por los cuales se omitió la intervención del Congreso y la Corte Constitucional en este proceso.
La alerta también exhorta públicamente al respeto del principio de separación de poderes, al cumplimiento del orden constitucional colombiano y a la preservación de la democracia representativa como garantía institucional de los derechos humanos.
Cepeda, quien ejerce actualmente la presidencia del Congreso, espera que los organismos internacionales tomen medidas preventivas para evitar un escalamiento que comprometa los principios esenciales del sistema democrático colombiano y regional. La consulta popular propuesta por el Gobierno busca reformas institucionales que requieren aprobación constitucional previa del legislativo.
