Centrales obreras proponen 16 % de aumento del salario mínimo y abren pulso decisivo en negociación

Centrales obreras plantean un ajuste del 16 % y presionan la discusión que continuará este jueves en la mesa tripartita.
3 meses atrás

La Comisión de Concertación avanzó este martes en un debate clave para definir el salario mínimo que regirá desde el 1.º de enero de 2026.

Tras más de seis horas de deliberación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que las centrales sindicales entregaron una propuesta de incremento del 16 %, aplicada tanto al componente salarial como al auxilio de transporte, cifra que marca el punto más alto dentro de la discusión.

El planteamiento de los trabajadores, sustentado en indicadores de inflación causada, proyecciones de precios y comportamiento de la productividad, incorpora además el impacto que el costo de vida ha tenido sobre rubros sensibles para los hogares, especialmente educación, salud, vivienda y servicios públicos, en particular el de agua potable.

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Las organizaciones obreras defienden que el ajuste debe compensar estos efectos y garantizar un ingreso que responda a la presión que enfrentan cerca de 12 millones de trabajadores que dependen directamente del mínimo.

En contraste, los gremios empresariales propusieron un aumento del 7,21 %, también aplicado de manera equivalente al salario y al auxilio de transporte.

Aunque la diferencia entre ambas posiciones es amplia, Sanguino aseguró que esa distancia permite abrir espacio para construir alternativas que acerquen a las partes durante la sesión convocada para este jueves a las 8:00 a. m.

El ministro reiteró que el Gobierno Nacional presentará escenarios de acercamiento dentro del marco de la mesa tripartita, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes del 15 de diciembre a las 11:59 p. m., fecha límite fijada en la ley.

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Sanguino destacó que la negociación avanza en un ambiente respetuoso y con voluntad de diálogo, elementos que, según él, favorecen la búsqueda de consensos.

La discusión continuará con la evaluación de propuestas sobre desindexación de gastos vinculados al salario mínimo, entre ellos vivienda y, a solicitud de las centrales, servicios públicos.