Seis personas fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación como presuntos integrantes de la subestructura Rubén Darío Ávila Martínez del Clan del Golfo, señalados de cobrar extorsiones a comerciantes, finqueros, contratistas y ciudadanos en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, en el sur de Córdoba, desde 2023.
Un fiscal del Gaula de la Seccional Córdoba les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada. Los seis procesados no aceptaron los cargos.
Según el material probatorio, la organización operaba con roles definidos: cobradores que ejecutaban las exigencias, enlaces que coordinaban las operaciones y observadores que vigilaban los movimientos y rutinas de las víctimas. Las sumas exigidas oscilaban entre 200.000 y 7.000.000 de pesos, y las amenazas apuntaban a impedir que las personas trabajaran, se desplazaran o comercializaran sus productos si no pagaban.
Los procesados son Nelson Manuel Contreras López, alias Pupi; Pedro Juan Miranda Contreras, alias El Grande; Yeison David Vitar Hoyos, alias El Negro; Jorge Armando Garcés Ospina, alias El Mongo; Pamela Fernández Chávez, alias Pamela, y James Augusto Araque Viloria, alias Andrés. Por decisión judicial, Vitar Hoyos y Miranda Contreras quedaron con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras los demás enfrentan el proceso en libertad.
