Una acción terrorista con artefactos explosivos, atribuida de manera preliminar a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, afectó el puente La Balsa, sobre el río La Teta, en la vereda Lomitas, zona rural de Santander de Quilichao.
El ataque, ocurrido en la tarde de este sábado 17 de octubre, restringió la movilidad de más de 200 familias del norte del departamento.
La estructura es un corredor clave para los habitantes que se desplazan hacia poblaciones cercanas como Timba. Tras la detonación, el paso quedó habilitado solo para motocicletas y peatones mediante un tramo provisional, mientras unidades antiexplosivos detectaron y neutralizaron una segunda carga en el mismo punto.
Según la Tercera División del Ejército, el atentado se produjo horas después de que tropas de la Brigada 29 recuperaran un carrotanque que, presuntamente, había sido hurtado por integrantes de la misma organización.
El Ministerio de Defensa calificó el hecho como un acto terrorista y anunció el despliegue de capacidades para recuperar la movilidad y proteger a la población.
El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el ataque y aseguró que los responsables responderán ante la justicia. Las autoridades no han precisado la magnitud de los daños ni la fecha para la reparación definitiva del puente.
Ese mismo sábado, en zona rural de Popayán, hombres armados que serían integrantes del ELN interceptaron un vehículo recolector de la empresa Urbaser en el sector de La Yunga, sobre la vía que conduce al relleno sanitario Los Picachos. Los agresores obligaron al conductor a bajarse, prendieron fuego al camión y lo marcaron con grafitis alusivos a esa guerrilla.
Se trata del tercer vehículo de la compañía destruido en ataques durante 2026. Urbaser denunció que desde marzo enfrenta amenazas, quemas de compactadores, disparos contra su flota, retenciones de conductores y un atentado con explosivos contra su base de operaciones el 30 de agosto.
La empresa advirtió que estos hechos ponen en riesgo el saneamiento básico y la salud pública de miles de habitantes de la capital caucana, y evalúa el impacto sobre su capacidad para prestar el servicio. La Alcaldía de Popayán rechazó la quema del vehículo.
