El Gobierno Nacional le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que examine, con seriedad y diligencia, las expresiones del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.
El Ejecutivo precisó que corresponde a las autoridades competentes determinar, con plena independencia y respeto por el debido proceso, si los hechos configuran alguna conducta sancionable y si procede activar los mecanismos legales. Es decir, el Gobierno pidió que se estudie el caso, sin anticipar una decisión.
Como sustento, el comunicado recuerda que la Ley 1257 de 2008 establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluida la psicológica. Cita además la Ley 2453 de 2025, que contempla mecanismos frente a la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, incluidas conductas basadas en el género que afecten su liderazgo, participación e imagen pública.
El texto rechaza el uso del término “ratica” y los señalamientos sobre la apariencia física de la primera dama, y sostiene que no puede existir una condena selectiva de la violencia de género. Al mismo tiempo, el Gobierno afirmó que defiende la libertad de prensa, la caricatura y el disenso político.
Con esta posición, el Ejecutivo se suma a otros pronunciamientos de rechazo y traslada a la Fiscalía la valoración jurídica de una controversia que ya movilizó a gremios y funcionarios.
